Ambiente
Advierten que los despidos en la Dirección de Bosques ponen en riesgo el control forestal en Chaco
Aproximadamente 50 trabajadores no fueron renovados en sus contratos en un área clave para la protección ambiental. Esta decisión política generaría un grave retroceso en la protección de los bosques chaqueños según trabajadores del sector.
Avance de desmontes. Imagen ilustrativa
Comenzó el mes de Julio y la ola de despidos en el sector público afectó también a un área sensible para la conservación de nuestros territorios. Desde CHACO 24 hablamos con profesionales del ambiente y trabajadores del sector quienes alertaron sobre el impacto negativo que generaría la decisión del gobierno provincial de Leandro Zdero de no renovar más de 50 contratos en la Dirección de Bosques, dependiente del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico Sostenible.
La medida, enmarcada en un ajuste más amplio del Ministerio de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible que alcanzaría aproximadamente a 100 trabajadores del área, representa —según sostienen— un retroceso estructural en la política forestal del Chaco.
Así reaccionaban los trabajadores de la Dirección de Bosques
Esta decisión afecta gravemente el cumplimiento de la Ley Nacional de Bosques (N° 26.331), y limita las capacidades del Estado para garantizar el manejo sostenible y la protección de los bosques nativos chaqueños.
“Es un desmantelamiento técnico que favorece el desmonte ilegal”
¿Por qué esta decisión política afecta la capacidad de la Dirección de Bosques?
La Dirección de Bosques es el organismo de aplicación de la ley a nivel provincial. La pérdida de personal técnico, territorial y administrativo implica que:
- Se debilita la evaluación de planes de conservación y aprovechamiento.
- Se paralizan tareas de fiscalización en terreno, esenciales para combatir el avance de desmontes ilegales.
- Se pierde conocimiento técnico acumulado, clave para la continuidad institucional.
Además, según especialistas, Chaco lidera el ranking nacional de deforestación ilegal, y esta reducción del personal agrava la falta de controles efectivos en zonas críticas del monte.
Incumplimiento judicial y retroceso en compromisos ambientales
Desde 2020, la provincia está alcanzada por una medida cautelar federal que prohíbe desmontes, y que fue prorrogada en 2024 y 2025. “Sin personal técnico no se puede garantizar su cumplimiento, ni generar informes judiciales o pericias ambientales”, expresaron trabajadores del sector.
También alertaron que la situación pone en pausa la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), que debe realizarse de manera participativa y con base técnica. Esto implica la continuidad de zonificaciones obsoletas o manipuladas y un vaciamiento del proceso de planificación ambiental.
Riesgo de perder fondos y gobernanza ambiental
Con la paralización de programas de manejo y restauración, Chaco podría perder el acceso a financiamiento nacional e internacional destinado al cuidado del ambiente. Entre ellos, el Fondo Verde del Clima y las transferencias establecidas por la Ley de Bosques.
“La medida transmite una señal de desinterés institucional hacia el ambiente como política pública”, señalaron. También remarcaron que esto dificulta el vínculo con comunidades indígenas, campesinas y organizaciones de base, que ya venían reclamando mayor participación y transparencia en los procesos territoriales.
Retroceso en las políticas de protección: menos trabajadores, menos controles
Reducir el personal técnico que vela por el cumplimiento de la Ley de Bosques en una provincia con emergencia forestal histórica representa, para las fuentes consultadas, una desprotección intencionada del territorio. Más que una medida administrativa, se trata de un recorte que afecta la integridad ecológica del Gran Chaco, los derechos de sus comunidades y la credibilidad del Estado chaqueño ante la sociedad.
